Proceso legal del divorcio.

Otra razón es el propio proceso del divorcio. Si la pareja no llega a un acuerdo en el llamado Convenio Regulador, se va a juicio. El convenio regulador, puede ser un proceso de meses y la vía contenciosa puede llevar, al menos, dos años. Ambos procesos son costosos en tiempo y emocionalmente un reto para todos, especialmente, para los hijos. Actualmente no cabe la posibilidad de negarse al divorcio. Cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, entiendo que las posiciones serán próximas y llegar a un acuerdo será más fácil. Por la vía contenciosa, uno de los cónyuges demanda al otro. Cuando el cónyuge demandado recibe la demanda del juzgado, tiene un plazo de 20 días para responder. La preparación de la demanda necesita información bancaria de gastos, declaración de la renta para cruzar las dos cosas, partidas de nacimiento de los hijos, vida laboral, partida de matrimonio, escritura de propiedad, escritura del régimen matrimonial, etc. Es decir, las visitas a notario, banco, registro civil, etc del proceso son costosas en tiempo y dinero. Aunque suene increíble, es raro el papel que se puede solicitar por Internet.

El día del juicio, los hijos mayores de 12 años han de presentarse en el juzgado, con la consiguiente pérdida de colegio y tienen que pasar el trago. Aquellos niños, que no quieren mantener relación con alguno de los padres, se entrevistan a puerta cerrada con el juez, y se llega a este punto porque dicho progenitor intenta imponer su criterio, no respeta la opinión del menor, no acepta que todo en la vida tiene consecuencias, y que en algún momento han perdido a los hijos, y se intenta agarrar a intentos de manipulación del otro progenitor, de manera que, el juez no tiene más remedio que escuchar la versión de los menores, o los menores no tienen más remedio que ante la frustración de no ser respetados por dicho progenitor, intentar ser escuchados por el juez. Y, después del estrés de la experiencia, depende del juez la valoración de la opinión y deseos del menor, a la hora de fijar qué progenitor tiene la custodia, o si se fija custodia compartida, o si el régimen de visitas es ordinario o libre y voluntario. Ni siquiera entre los 14 y los 17 la ley fija un régimen de forma automática, en realidad  depende de cada juez. Así, hay jueces que con 14 fijan el régimen  libre y otros no lo hacen hasta los 17. Es decir, la realidad es que debido a los estereotipos vigentes, y teniendo en cuenta el dato de que solo el 3% de los hijos de mujeres maltratadas queda exento del régimen de visitas, podemos hacernos una idea de que  las vivencias, sentimientos, valores, opiniones de los menores no les da el derecho por ley a relacionarse o a no relacionarse, con cada progenitor como quieran. Es más, hay todo un protocolo para analizar estos sentimientos y ver la causa, y reconducir o normalizar la relación con lo que se llama “progenitor alienado”, que prolonga hasta el infinito el estrés al que estos menores están sometidos, perdiendo su infancia y adolescencia en el proceso legal, entre juicio y juicio, mediación, visitas tuteladas, terapia para querer al progenitor al que no quieren y así hasta el infinito. Existe todo un protocolo para ver si es un menor confidente o menor colchón, o menor al que se le ha mentido, etc. Incluso si no existe vínculo, o está tan deteriorado que no es recuperable, incluso si han presenciado violencia, o la han sufrido, o han sufrido abusos, o los han visto, la ley, los estereotipos, los tribunales, los asistentes sociales, siguen empeñados en reconducir la relación. Quizá para evitar todo este proceso a los menores, se ignora su opinión y se impone el régimen ordinario, para su horror por si se da el caso de que se puede por arte de magia reconducir la relación y corriendo el riesgo de afectar la estabilidad emocional y psíquica del menor en el largo plazo, y llegado el punto incluso corriendo el riesgo de atentar contra su derecho a la vida. Tener en consideración las opiniones de los menores en este aspecto tan delicado de su proceso vital, que determina, la calidad de vida, y el respeto a su dignidad como ser humano sigue siendo una asignatura pendiente, de la ley del divorcio vigente, y por tanto, del juzgado de familia, y de la parte penal.

Después se tarda unos dos meses en recibir la sentencia, y mientras el cónyuge que ha de salir del domicilio sigue en él, perpetuando la agonía para los hijos. Pero no acaba todo con el juicio, porque digamos que la sentencia recoge la fotografía de ese momento. Cualquier cosa puede suponer un nuevo juicio, que los menores no quieran cumplir el régimen de visitas y se escapen, que la madre empiece a trabajar y el padre quiera reducir la pensión, que los hijos terminen el colegio y el padre quiera pagar menos, que haya cambios en la custodia, etc. Por no contar, que como los padres ya no están cualificados para tomar decisiones, la juez interviene en la vida posterior siempre que no hay acuerdo entre ellos, para cualquier decisión de la vida de los menores como cambio de colegio, asistencia a algún campamento, tratamiento de salud, etc.

Y cuando por fin, se va, empieza el proceso de cambio de cerradura, cambio de domiciliaciones, etc, que es otro desfile de llamadas, paseos, etc. Y no hay un único criterio, algunos se pueden hacer por teléfono (los menos), otros requieren la sentencia y otros el permiso del titular del recibo si es un seguro, médico o del hogar. Y, si no lo aprueba, da igual la sentencia de divorcio, no hay cambio de titular, al no ser que se duplique el pago, haciendo otra póliza.

A todo esto hay que añadir la discusión sobre los gastos extraordinarios, que el juez estima que solo se pagan si los dos están de acuerdo, abriendo la puerta al poder de veto, del como yo pago mando.

Asimismo, no hay que perder de vista que al cambiar la titularidad de los recibos si se produce un impago de la pensión la mujer es la deudora, pudiendo terminar en la cárcel.


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